EDICIÓN

Encubrimiento, obstrucción a la investigación y falsificación son los nuevos delitos indagados. Carabinero Sebastián Zamora fue formalizado por homicidio frustrado. Quedó en prisión preventiva.



La nueva arista que investiga la Fiscalía Centro Norte surgió de manera inesperada. Tras investigar las causas de la caída del adolescente de 16 años, de iniciales A. J. A. A., desde el Puente Pío Nono hacia la ribera del río Mapocho, la tarde del 2 de octubre, tras una manifestación en Plaza Baquedano, el Ministerio Público no solo identificó -y formalizó- a un carabinero como el responsable del hecho que causó graves fracturas y contusiones en el menor, sino que también detectó el eventual intento de otros policías de encubrir el hecho.


Así, a menos de dos días del incidente, la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, formalizó al carabinero Sebastián Zamora Soto (22) en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y le imputó el delito de homicidio frustrado por haberse “abalanzado” contra el estudiante. En la audiencia, llevada a cabo por el magistrado Jaime Fuica, la persecutora exhibió cuatro videos, fotografías y declaraciones con las cuales sustentó su imputación.


Según la fiscal Chong, existió una “actuación dolosa directa” del uniformado, quien “se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsando de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer de cabeza hacia el río Mapocho”, detalló. Luego, la persecutora agregó que “el funcionario de Carabineros no realiza ninguna acción orientada a evitar la caída” y junto con el “resto de los funcionarios se retira del lugar”.


En la instancia, además, el Ministerio Público esbozó otro antecedente: la existencia de un “encubrimiento” por parte de otros uniformados. Un hecho desconocido hasta ayer.


De acuerdo con los antecedentes de la fiscalía, la noche del viernes, poco después del incidente que lesionó al menor, la policía uniformada le envió a la PDI una “minuta de entrega de detenido, un acta de información de los derechos del detenido” y tres declaraciones de funcionarios policiales. Una información que, según la fiscal Ximena Chong, “no cuadra” con lo que realmente ocurrió.


Esto, debido a que funcionarios de la 1ª y de la 40º Comisaría de Santiago realizaron cuatro llamadas telefónicas, entre las 21.09 y las 23.30, con los fiscales Centro Norte de turno para decir que el adolescente que había caído, y luego había sido internado en la Clínica Santa María, estaba detenido. Estas comunicaciones y los documentos que, a su vez, quedaron registradas en el sistema Bitácora Web, muestran que los uniformados informaron al Ministerio Público que la víctima había sido “entregada” en dependencias de la 1ª Comisaría y detenida a las 20.40 en la clínica.


Todo eso, asegura la fiscal Chong, resultó ser falso, ya que los médicos tratantes y la enfermera que recibió al joven declararon que el paciente no llegó custodiado por carabineros y no ingresó ningún uniformado al recinto asistencial a realizar un procedimiento.


“La conducta posterior del imputado tiende a mediatizar y derechamente a procurar encubrir como una supuesta detención las circunstancias que rodean al acto homicida”, dijo Chong.


Con esos antecedentes, la Fiscalía Centro Norte decidió ampliar la indagatoria a más carabineros, incluidos otros de mayor rango que el uniformado detenido. Los nuevos delitos indagados corresponden a obstrucción a la investigación, falsificación de documento público y encubrimiento.

Mayores derechos y beneficios para los adultos mayores es lo que promete el programa “Adulto Mejor”, proyecto impulsado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y la Primera Dama, Cecilia Morel.



La denominada “Ley de envejecimiento positivo” contempla un fortalecimiento institucional a través de la creación del Comité Interministerial del Adulto Mayor, entidad que estará encargada de proponer al Presidente una política nacional para personas mayores, velar por su cumplimiento y asegurar su calidad técnica, coherencia y coordinación intersectorial.


“Hemos avanzado mucho: centros tutelados y diurnos, tarifa rebajada en locomoción colectiva, atención preferente, unidades geriátricas en hospitales, fortalecimiento de ciudades amigables, consejos ciudadanos de personas mayores, defensor mayor. Seguiremos trabajando, más en estos tiempos de pandemia, donde nuestros adultos mayores nos necesitan más que nunca”, afirmó Cecilia Morel.


Entre otras acciones, el plan contempla la creación de las Direcciones Regionales del Servicio Nacional del Adulto Mayor, las cuales otorgarán herramientas para velar por la protección de los derechos de las personas mayores.


Además, se creará un sistema de ciudades amigables con los adultos mayores y consejos asesores regionales. El proyecto también incorporará derechos laborales y con un contrato especial de trabajo que contempla jornadas más flexibles, para facilitar la inclusión al mercado laboral.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio del proceso de retención del 10% de los fondos previsionales por conceptos de deudas de alimentos, informando que en total se cautelaron casi 308 mil millones de pesos.



La ministra Chevesich explicó que entre el 25 de julio y el 31 de agosto pasado, se recibieron un total de 516.777 escritos de retención de fondos.


De las 326.000 causas que tienen medida cautelar vigente, 217.000 (67%) tienen montos retenidos; en 87.000 (27%) no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas (4%) no se alcanzó a retener y en 8.800 (3%), los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.


"Lo obrado por el Poder Judicial constituye una hazaña, pues, la mayor parte de las solicitudes se recibió en los primeros días de entrada en vigencia de la ley", aseveró la vocera.


La ministra de la Corte Suprema se hizo cargo, además, de los inconvenientes de que debieron sortear los tribunales en el proceso. "Todo proceso digital y masivo genera inconvenientes, los hemos detectado y aplicado todo nuestro esfuerzo para resolverlos lo más rápido posible".

"Lamentamos profundamente los errores que se produjeron, dado el volumen de las solicitudes y, como dije, seguimos trabajando para superarlos con la premura que amerita cada caso", concluyó.

Chevesich explicó que los juzgados de Familia del país están avanzando en la elaboración de cientos de miles de liquidaciones de deudas por concepto de alimentos.



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