Chile cambió: La necesidad de un nuevo pacto social y democrático.

Actualizado: ago 1

Por: Peter Franz Ercilla, Estudiante de Derecho, Universidad San Sebastián.

Columna de Opinión


Chile cambió: La necesidad de un nuevo pacto social y democrático.


Muchos se preguntarán en qué hemos fallado como sociedad chilena, por qué millones de chilenas y chilenos salieron a manifestarse a mediados de octubre del año 2019, un movimiento sin tintes o colores políticos, un movimiento que respeta al otro por el simple hecho de ser personas que cuentan con dignidad. Pueblos originarios, disidencias sexuales, feministas, trabajadores, profesores, estudiantes, entre otros. Diferentes estilos y formas de vivir la vida, pero con un fin, terminar con la desigualdad, juzgamiento y discriminación que impera día a día, en cada momento y lugar del país más largo del mundo. Pero ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la carta fundamental, que se puede definir como una forma de organizar el poder (funciones de los poderes del Estado), también como una forma de limitar el poder (respeto absoluto a los derechos fundamentales) y como una norma jurídica (cuerpo normativo, es decir, que es aplicable y sancionable).


Chile un país unitario, extremadamente centralizado, hiperpresidencialista, que cuenta con riquezas naturales explotadas por el mundo de la Elite. Una esfera que no respeta, ni dimensiona los derechos sociales en su esencia, sino que ve a estos como la forma o mecanismo para generar ganancias, sin importar el real desarrollo individual y espiritual de las personas. Los chilenos y chilenas salieron a protestar por un sistema que ha causado rechazo por siglos, el abuso constante generado por las relaciones de poder que ejercen unos pocos privilegiados por sobre los derechos de todas y todos.


Un sistema que se caracteriza por defender un modelo ilegítimo y antidemocrático creado en plena dictadura militar. Un sistema que, según los últimos datos del Banco Mundial, Chile es el 7° país con la peor distribución de las riquezas, con un coeficiente de Gini de 46.6, una desigualdad social sin límites, que hipermercantiliza nuestros derechos sociales para transformarlos en derechos de consumo, aquellos que emanan de los famosos contratos de adhesión, es decir, acuerdos fijados por una de las dos partes, un proveedor que raya la cancha y un consumidor que la acata sin tener opción a modificación alguna. Desde el control del mercado de alimentos hasta la segregación ejercida por el sistema educacional chileno y las instituciones financieras.


Entonces, la pregunta que nos surge es: ¿Es necesaria una nueva Constitución? ¿Qué problemas tiene nuestro modelo económico? ¿Cómo logramos un verdadero pacto social? ¿Quiénes son los llamados a participar de la Carta Magna?


En primer lugar, es dable mencionar que nuestra actual Constitución es ilegítima. ¿Por qué? Porque se redactó por una comisión llamada Ortuzar compuesta por juristas nombrados por la Junta Militar. Personas defensoras del Estado de facto y partidarias del sistema neoliberal, en consecuencia, la ciudadanía no tuvo ninguna opción de poder participar, ya que, esta no podía expresarse libremente, miles de detenidos, desaparecidos y asesinados según el Informe Rettig. También, es importante mencionar que no existió un órgano fiscalizador, ni medios de comunicación, ni partidos políticos para darle representatividad y legitimidad a la norma fundamental del Estado. Es decir, no fue un verdadero pacto social porque no fue redactada democráticamente. Un momento histórico que generó fisuras generativas, aquellas que marcaron un antes y un después en la sociedad chilena, “no son 30 pesos, sino que son 30 años”. Un eslogan que da cuenta del descontento social, de las injusticias y abusos de poder a través de los famosos enclaves autoritarios que siguen más vigentes que nunca. Por tanto, nuestra actual Constitución y puesta en tela de juicio es ilegítima y antidemocrática.


En segundo lugar, la falta de justicia y la gran desigualdad surge a raíz del modelo económico que recoge y protege nuestra actual Constitución, el famoso principio de subsidiariedad, entendido como la “adecuada” ordenación entre las personas, las organizaciones intermedias y el estado para lograr el bien común. Dos caras, una negativa que se refiere a que el Estado no podrá desarrollar las actividades y funciones que por su naturaleza les corresponden a los grupos intermedios, como, por ejemplo, la libertad de emprender (no puede el Estado realizar actividades económicas salvo que exista una ley de quorum calificado). Y la otra positiva, es decir, el Estado solo desarrollará dichas actividades mientras no puedan realizarlas o cumplirlas los grupos intermedios.


Por lo tanto, el modelo económico no es suficiente, ni tampoco da certeza jurídica a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Ya que, nuestros derechos sociales se ven sumergidos a las lógicas del mercado, la llamada “eficiencia de los recursos”. Aquellos que “supuestamente” pertenecen a todos los habitantes de la nación, pero que en la práctica la ciudadanía no ha decidido nunca.


En tercer lugar, en todas las constituciones de nuestra historia chilena republicana, solo han participado 3 mujeres y estas lo hicieron en la Constitución de 1980. En consecuencia, tenemos el deber de hacer un cambio constitucional urgente, uno que sea profundo y éticamente responsable, uno que cuente con un sello acorde a las necesidades del país, uno en el que podamos participar democráticamente, donde todas y todos podamos expresarnos de cómo queremos que sea nuestro pacto social. Un Chile con grupos intermedios más solidarios y un Estado con mayor participación, de lo contrario, podemos seguir cayendo en las prácticas de corrupción política y económica que han quebrado la institucionalidad de nuestro país. Ejemplo de ello, es el fallo en contra del grupo Penta que evadió 1.700 millones de pesos y se les condenó a asistir a clases de ética. Entonces, ¿Existe justicia realmente? Creo que no, el poder económico y el estatus social, efectivamente inciden en la práctica al momento de juzgar los delitos por un juez “imparcial”.


En conclusión, el poder constituyente es nuestro punto de partida, aquel que recae esencialmente en la soberanía popular, en las necesidades del pueblo chileno, el cual debe auto limitarse y auto gobernarse para fijar los estándares mínimos que logren la tan anhelada dignidad que exige nuestro pueblo, aquel que unido jamás será vencido.


Menu de Interacción

Inicio

Edición

Códigos

Central de Apuntes 

Contacto

Siguenos en:

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 Revista Erga Omnes. Todos los derechos son reservados