Ejes de Democratización: Principios del Reglamento de la Convención Constitucional.

Por: Marcelo Alvarado Lincopi. Integrante del Grupo de Estudios de Teoría Constitucional y Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado

Columna de Opinión


Ejes de Democratización: Principios del Reglamento de la Convención Constitucional


Finalmente el primero de los propósitos de la Ley N°21.200 decantó en el plebiscito del 25 de octubre cuyos resultados, más que abrumadores, ya conocemos. Ahora bien, cabe analizar el resultado final sobre la cédula electoral que interrogaba a la ciudadanía acerca del órgano encargado de redactar un proyecto del texto político fundamental de toda sociedad moderna; el 78.99% del total de electores escogieron a la Convención Constitucional como el órgano encomendado para afrontar el desafío constituyente, el que pareciese ser un proyecto sociopolítico amplio, en ningún caso polarizado, del cual se está escogiendo determinadamente participar.


¿Qué significa que casi el 80% de las y los votantes hayan escogido al órgano que será integrado por ciudadanas y ciudadanos electos para el sólo efecto de redactar un proyecto constitucional? Ese gran voto mayoritario no es más que la demostración de las diversas crisis en la cuales están sumergidos los órganos y poderes del Estado; es esencialmente un voto que desecha la posibilidad de participación directa del Congreso Nacional para acoger la posibilidad de la participación directa de la ciudadanía en un trance constituyente.


En ningún caso la situación es anómala al proceso histórico del cual estamos siendo parte. Hay que recordar, y no ser torpes en la comprensión de la realidad, que gran mérito, para que haya existido la posibilidad de enfrentar este proceso constituyente, es la existencia de iniciativas populares de diálogo, participación y deliberación dentro de las cuales se resolvió, entre muchas otras materias, la necesidad de impulsar, como demanda ciudadana o como voluntad política ciudadana, un proceso deliberativo para desechar la actual Constitución Política que se mostraba proclive a producir y legitimar los malestares denunciados.


De esta manera, comprendiendo el voto del 25 de octubre, en conjunto con su contexto, resulta claro que para que la Convención Constitucional sea capaz de producir los efectos demandados por la ciudadanía y no falle en aquel intento, ésta debe gozar de legitimidad como poder y órgano del Estado; debe ser capaz de zafar de aquel cúmulo de poderes y órganos que en desdicha han sido absorbidos por las crisis de legitimidad, representatividad y credibilidad, las cuales, no hay que olvidar, son grandes responsables del estadio que hemos debido afrontar.


Ahora bien ¿cómo lograr aquello? Resulta útil utilizar una clasificación del derecho civil patrimonial aplicada a esta materia: la Convención Constitucional tiene por obligación, y será políticamente calificada en base a aquello, un resultado, desde el cual se sustancia toda la discusión en torno al contenido, fundamentalmente en su parte dogmática, de la Nueva Constitución, pero también parte de calificación, y de la superación, como órgano del Estado, de las crisis ya mencionadas, depende esencialmente de su esfuerzo en su despliegue, donde se deduce que, por tanto, también media en su obra una obligación de medios.


Así las cosas, además de la discusión central en torno al contenido y dogmática de una Constitución Política, parte de la discusión actual debe tornarse respecto de la normativa que regula el despliegue, el procedimiento, la organización, mecanismos, estatutos de los y las convencionales y el funcionamiento general de la Convención Constitucional. Todo ello, figura bajo lo que la Ley N°21.200 conoce como el ‘’Reglamento’’; según se desprende de los arts. 133 INC.3° y 134 INC.6°. Es decir, parte fundamental para que la Convención Constitucional posea legitimidad, representatividad y credibilidad pasa, no tan sólo por el contenido final del proyecto constitucional, sino por la regulación y el contenido del Reglamento, pues aquello significará el contenido final en lo adjetivo.


Pero ¿qué se dice respecto de él? Fundamentalmente se establece que sirve para la regulación de la forma de votación de cada norma del proyecto constitucional; que para su aprobación, como proyecto de reglamento total, requiere de 2/3 de los convencionales en ejercicio (art. 133 CPR); que podrá establecer asignaciones y un comité externo que administre aquellas (art. 134 CPR); que podrá disponer reglas de procedimiento (art. 136 CPR).


Es en base a aquellos textos, fundamentalmente al art. 136 de la Constitución Política, que nuestro constituyente da la posibilidad de una regulación amplia sobre el contenido del Reglamento de la Convención. Y es en tal ápice donde cabe introducir a los principios básicos y perentorios que deberían guiar la regulación del Reglamento.

Es en base a la democratización desde donde se deberían establecer: 1) participación vinculante como un elemento relacionador constante entre el órgano constituyente, fundamentado en sus representantes, y la ciudadanía. Desde donde se desprende la posibilidad de convenir en el Reglamento la existencia de un mecanismo de iniciativa popular de contenido vinculante para los convencionales desde órganos comunales descentralizados o la existencia de un mandato expreso al constituyente para la gestión vinculante en el ejercicio de su cargo; 2) deliberación. En cuanto a que la ciudadanía necesariamente agrupada, en lo que un amplio grupo de alcaldes(as) y parlamentarias(os) ha propuesto como ‘’Cabildos Comunales’’, sea reconocidamente capaz de generar autónomamente contenido que posteriormente podrá ser propuesto a sus representantes constituyentes. Es decir, más allá de reconocer la gestión que el convencional pudiese tener con los órganos comunales de su distrito, es del todo relevante que los órganos comunales tengan en su virtud la posibilidad de obrar en la reflexión y deliberación de los contenidos constitucionales, lo que producirá, en primer lugar, el mejor funcionamiento de la vinculación de la ciudadanía con los representantes constituyentes y, en segundo lugar, la existencia de un proceso de alta participación que supere el historial chileno de redacción constitucional; y, por último, 3) publicidad, transparencia y probidad. Si bien está asegurado parcialmente, pues el art. 134 de la Constitución prevé que a los convencionales constitucionales se les aplicará las Ley N°20.880 sobre probidad en la función pública, no sería majadero que el Reglamento insistiera, como lo hace la Ley N°18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional en su art. 5-A, en la necesidad de que a la gestión constituyente se les apliquen los principios de probidad y transparencia. Ahora bien, en cuanto a la publicidad, elemento fundamental para apuntar a la democratización del proceso constituyente pues aquella significaría el conocimiento constante de los debates y controversias que se generen dentro del órgano constituyente, nada dice la Ley N°21.200.


En este estado de las cosas, es del todo atingente y necesario que las y los convencionales, al zanjar el Reglamento, acuerden reglas de fondo y mecanismos, de toda índole y teniendo en cuenta la digitalización y la vigente época pandémica; para democratizar el contenido discutido entendido en sentido amplio, por lo cual será necesario entregar no tan sólo el contenido del debate mismo de la discusión del órgano constituyente, sino también los insumos suficientes para comprender la cabalidad de las materias que sean objeto del debate; para mantener la participación constante de la ciudadanía en el proceso constituyente; para dar garantía de un proceso socialmente acordado y para, a fin de cuentas, legitimar y representar.

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