El derecho a la zaga de los hechos.

Actualizado: oct 5

Por: Catherine André De Jesús Sothers Santos

Columna de Opinión


El derecho a la zaga de los hechos.


En el contexto social actual, la discusión de una nueva Constitución; y el revuelo que crea el plebiscito pronto a realizarse, queda la pregunta abierta de cuáles serán las verdaderas repercusiones de éste ejercicio social en el Ordenamiento Jurídico. ¿ Se constituirá uno nuevo o vendrá a reforzar el ya existente.?


Hoy en día se juega a las expectativas y al mítico “chile despertó”, a través de campañas que apoyan ambas opciones del plebiscito y que llaman a la actividad electoral por parte de la ciudadanía, pero más allá de eso hay una premisa que no puede - por responsabilidad- de parte de los juristas ser ignorada y es el desajuste de la ley por el simple transcurso del tiempo.

Ésta premisa incluye al estado y todos sus órganos, con ello el legislador conformado por dos de los tres poderes del Estado también quedaría obsoleto como figura de regulación en algún momento de la historia.

Si bien el derecho no siempre ha quedado tan atrás de los cambios sociales, ahora con la conectividad que nos ha traído la globalización, la industrialización, la educación y una serie de otros factores externos al desarrollo del individuo, no se puede negar la incapacidad del legislador de ir a la par con los cambios sociales, aun cuando históricamente no fue así.

La organización jurídica que hoy conocemos nace luego de la revolución francesa, una legislación revolucionaria, en busca del amparo contra el tirano, convierte la codificación en un arma de expresiones claras y precisas que no estén afectas a la interpretación arbitraria de ningún juez o funcionario de la administración del Estado; las leyes entonces son permanentes hasta que el propio legislador por un mero acto de voluntad, no la derogue o modifique. Como consecuencia, los hechos y las circunstancias tenidas en consideración por el legislador al momento de dictar la norma se hacen perpetuos e inalterables hasta que éste la modifique nuevamente; podemos observar entonces que con motivo de cambios sociales la ley queda luego de dictada obsoleta y distanciada de la realidad social a la que tenía por finalidad regular.

Si la vida social fuera inmutable ello no afectaría el desarrollo del ordenamiento jurídico en ninguno de sus escalafones jerárquicos; Pero a diferencia de ello la vida social se convierte día a día. El derecho en cambio cada vez parece más rígido y obsoleto en su ejercicio.

Para eliminar esta brecha requeriríamos quizá un legislador ágil, atento y despierto que pudiera adaptarse a los cambios sociales con la premura necesaria, o a colaboradores técnicos que le permitan desde su sabiduría desarrollar una mejor legislación para sus ciudadanos; en cambio tenemos una comunidad jurídica que se esmera en mantener el status quo, ya que si bien se habla de nueva constitución, no se ha hablado en ningún momento de otra modificación al ordenamiento jurídico fuera del cambio de nuestra carta magna. No se ha hablado de la reforma del legislador, no se ha discutido si se mantendrá el método de codificación, no se ha discutido una nueva conformación de Estado, de si este se mantendrá como un Estado policial, se tornara en un estado de bienestar, interventor, administrativo, plurinacional o una federación, ni si habrá nuevos Tribunales De Justicia o si se mantendrán la Contraloría General De La República o El Tribunal Constitucional. Todos estos cuestionamientos se han obviado por la premura del plebiscito; Pero ello no invalida su necesidad, por lo menos en la comunidad jurídica, que se encuentra encargada de conectar el estado con la ciudadanía y a las leyes con su aplicación fáctica. Hoy tenemos como responsabilidad una discusión con altura de miras, más allá de un capricho político partidista, como comunidad, como entendedores de la norma, como individuos que saben de la poca aplicación de criterios actuales en el ordenamiento jurídico, de no olvidar la inmediata obsolescencia de la norma al momento de su promulgación en un contexto jurídico social necesario a día de hoy. Y es por ello, por esta responsabilidad que no podemos seguir permitiendo que el derecho siga persiguiendo los hechos y los convierta en absolutos hasta que se entienda la necesidad de una reforma.

No se debería tener al derecho como el único agente que imposibilita el cambio organizacional con el comunitario social para ir a la par de las necesidades de los individuos.

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