El dilema jurídico-político del litio chileno.

Por: Cristian Manríquez Gacitúa, Estudiante de Derecho, Universidad de Santiago de Chile.

Columna de Opinión


El dilema jurídico-político del litio chileno.


El litio u oro blanco como se le denomina coloquialmente es un metal que podemos encontrar en

salmueras naturales, agua de mar, pegmatitas, entre otros yacimientos del norte de nuestro país, con

mayor presencia en la región de Atacama.


Este metal tiene una respuesta única al conducir calor y electricidad, por lo que su valor e interés internacional ha ido al alza de manera considerable, siendo el metal con mayor volumen de

transacción comercial.


Su demanda aumenta año a año y se espera su duplicación para el año 2025. Dado que es el metal más liviano y menos denso, su presencia es fundamental para teléfonos celulares, portátiles, pero sobre todo para la producción de baterías basadas en litio, las que son utilizadas en vehículos eléctricos, que se espera sean el futuro cercano del transporte mundial.


Dicho esto, y teniendo presente que es nuestro país quien ostenta el 52% de las reservas a nivel mundial y claras ventajas comparativas para la explotación de esta materia prima, surgen algunas interrogantes, como: ¿Por qué este metal, que es presente y futuro minero se encuentra en manos de privados? ¿Qué dice nuestra Constitución en esta materia? ¿Por qué no se invierte en investigación y educación técnica para las y los chilenos respecto a esta materia? Y, por último, ¿Por qué no hay voluntad política de nacionalizar o legislar para dar valor agregado al litio en nuestro país?


Si bien las reservas pertenecen el Estado de Chile, estas son explotadas por privados, como, por ejemplo, SQM, empresa que mantiene un contrato desde 1993 con la CORFO. Es acá donde podemos encontrar casos de corrupción y sanciones por daños medioambientales, sin perjuicio de lo antes mencionado, el contrato ha sido renovado hasta 2032.


Existen disposiciones constitucionales relacionadas con la materia, tales como el artículo 5, inciso segundo, en el cual se establecen limitaciones al ejercicio de la soberanía. Más adelante, el reconocimiento y protección de derechos como, por ejemplo, los consagrados en los artículos 19, N°8 y 24°, inciso segundo. Sin perjuicio de la existencia de la acción de protección, consagrada en el artículo 20 de nuestra carta fundamental.


Estas normas, parte de la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, deberían ir aún más allá de su rol como limitantes y garantes, con el fin de prevenir y combatir estos reiterados daños medioambientales, que han sido comentados someramente.


Mencionado el marco jurídico, de manera sumamente amplia, damos paso a la idea de dar valor agregado al litio en nuestro país.


Considero que son grandes potencias económicas quienes le dan valor agregado a estos metales, nuestro país queda muy atrás en esta posible competencia. Sin embargo, el Estado podría regularizar y buscar acuerdos comerciales, que permitan la instalación de fábricas extranjeras en nuestro país, lo que permitiría crear miles de puestos de trabajo, fomentar la educación técnica en liceos y universidades, promover y financiar la investigación del litio por parte de nuestros científicos, recaudar mayores impuestos y a la vez posicionar a Chile como un país mucho más confiable y tentativo para la inversión extranjera.


Pese al inmenso potencial de este mercado, que traería múltiples beneficios a nuestro país y su gente, el espectro político no ha estado al nivel, lo que quedó en evidencia con el caso de corrupción mencionado anteriormente.


La venta en bruto de minerales que han dado miles de millones al Fisco chileno, como lo fue el Salitre en el pasado, y el Cobre en el presente, quedaron en meras materias primas, las cuales se vendían a un bajo precio y las adquirimos con un gran valor agregado desde el extranjero, generando ganancias ostentosas a los países desarrollados que las trabajan.


Considerando las grandes utilidades que genera el trabajo de estas materias primeras, y teniendo en nuestro territorio más de la mitad de las reservas a nivel mundial, en este caso de litio, ¿Por qué no intentarlo, soñar y aunar esfuerzos de las esferas público-privado?


Todo este trabajo, podría verse reflejado en conseguir que grandes empresas extranjeras lleguen a acuerdos con el Estado, con la finalidad de invertir en conjunto en nuestro país, para no solo darle valor agregado al litio dentro del país, sino también para comenzar a pensar a largo plazo, en el futuro y que Chile sea reconocido internacionalmente por sus riquezas naturales y por su capital humano.


Para finalizar, es sumamente necesario, que todos estos ideales, sueños, esfuerzos, trabajos y acuerdos deben, necesaria y racionalmente, ser encaminados por la vía institucional. Además, plasmarse en particular, dada la importancia de nuestra carta fundamental y por el cuidado no solo de la certeza jurídica, sino también en el deber de velar por la estabilidad de nuestro régimen democrático, en la presente y/o futura Constitución Política de la República.



Bibliografía:


https://www.dw.com/es/extracci%C3%B3n-de-litio-en-chile-bendici%C3%B3n-o- maldici%C3%B3n/a-43569558 https://es.mongabay.com/2018/10/explotacion-de-litio-en-chile/


https://www.cochilco.cl/Mercado%20de%20Metales/Mercado%20internacional%20del%20litio%20y%20su%20potencial%20en%20Chile.pdf


https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302http://www.minmineria.gob.cl/usos-del-litio/

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