En busca de una salida ecléctica al conflicto histórico entre el Estado y los pueblos originarios.

Por: Eduardo Salazar Rios, Estudiante de Derecho, Universidad Autónoma de Chile.

Columna de Opinión


En busca de una salida ecléctica al conflicto histórico entre el Estado y los pueblos originarios.


Son públicos los hechos violentos denominados “atentados” contra la propiedad de varias empresas forestales y del rubro agrícola que han sido atribuidos a la “causa mapuche” en la Región de la Araucanía.


Nuevamente se levantan las consignas “terrorismo en la Araucanía”, “no existe el Estado de Derecho” y en contrargumentación sectores del pueblo mapuche apelan a la reivindicación legítima de sus derechos y libertad para sus “presos políticos”. El 03 de julio del presente año hubo un intento de manifestación en el centro de Temuco, ocasión que tuvo lugar para visibilizar el estado de salud en que se encuentra el Machi Celestino Córdoba actualmente en presidio y huelga de hambre. Otros actos de protesta revisten caracteres del delito de incendio en bienes de propiedad de empresas que funcionan en la Araucanía, donde la tensión y presión policial perturban los Derechos Fundamentales de personas integrantes de comunidades indígenas.


Quienes consideran vulnerados sus derechos a raíz de estos hechos, exigen al gobierno más intervención del Estado en materias de seguridad, inteligencia y fuerza en la persecución de delitos perpetrados desde hace años en la zona intensificándose durante la pandemia, causando menoscabo a la actividad económica de la región y al empleo de los trabajadores dependientes de estas empresas. Paralelamente, ciudadanos que se identifican como pertenecientes a la cultura mapuche buscan salida protestando ante los constantes hostigamientos y “militarización” en su territorio, el cual por su cosmovisión, está íntimamente vinculado en su desarrollo como pueblo e identidad; solicitan que se les reconozca como una unidad política independiente al Estado unitario de Derecho que fue impuesto como consecuencia de una incesante lucha entre colonización y reivindicación que se extiende desde hace cientos de años. El uso de protestas son actos que buscan “comunicar una postura frente a una determinada situación que les afecta y lograr obtener la notoriedad e influencia que otros mecanismos más institucionales les han vedado”.[1]


e influencia que otros mecanismos más institucionales les han vedado”.[1]

El Derecho Fundamental a la Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas ha sido reconocido como un derecho humano de naturaleza colectiva por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[2] [3] [4](Cte.I.D.H) y los efectos de este “estatus normativo es el de pasar a ser una norma imperativa para el Estado que opera como un límite para el ejercicio de la soberanía por parte de éste” (Fornet, Betancour, Raúl, 2009). En suma, se incorpora implícitamente a la legislación interna de nuestro país por mandato del artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política de la República (CPR) actualmente vigente. No obstante, una de las tesis es que al reconocer y tutelar efectivamente el Derecho Fundamental a la Identidad Cultural de los pueblos indígenas provocaría efectos desestructurantes del sistema legal del Estado unitario de Derecho tradicionalmente considerado y daría paso a un Estado Multicultural donde los pueblos indígenas para exigir sus derechos, no tengan que someterse a un Estado y su sistema jurisdiccional impuesto por la fuerza, más aún el sistema penal, porque si un procedimiento judicial que no permita el efectivo ejercicio del derecho fundamental a la identidad cultural constituye una herramienta de dominación y disciplinamiento cultural.[5]


Finalmente, ¿Cuál es el desafío que tiene el Estado de Chile y los gobiernos que vendrán? ¿Cómo solucionar de manera ecléctica o equilibrada este conflicto? Dilema que ha tenido el Estado con los pueblos indígenas desde su génesis y del cual no se ha hecho cargo en su totalidad (solo medidas de carácter parcial que en su mayoría evidencian el ejercicio de un Imperio castigador).


En otras palabras, el reto es el siguiente: ¿Cómo tutelar efectivamente o hacer coincidir el Derecho Fundamental a la libertad de trabajo y su protección (Art. 19 nº16 CPR); a desarrollar libremente cualquiera actividad económica (Art.19 nº21 CPR), a la propiedad (Art. 19 nº 23 CPR), y también el Derecho Fundamental a la Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas?




[1] Cox, V, Francisco. Criminalización de la protesta social “No tiene derecho a reunirse donde le plazca”. Bertoni, E. (2010). ¿ Es legítima la criminalización de la protesta social. Derecho penal y libertad de expresión en América Latina (Buenos Aires: Universidad de Palermo). p. 75. [2] Cte.I.D.H., “Sarayaku vs Ecuador”, 2012. [3] Cte.I.D.H., “Sakuro vs Brasil”, 2018. [4] “Juan Jorge Faundes, Derecho Fundamental a la identidad cultural de los pueblos indígenas: un nuevo paradigma en la defensa penal indígena en Chile frente al Estado de Derecho hegemónico, izquierdas, 45, febrero 2019:51-78”. [5] Salgado, Manuel. “Como la práctica procesal anula los derechos indígenas”, 2015. En “Juan Jorge Faundes, Derecho Fundamental a la identidad cultural de los pueblos indígenas: un nuevo paradigma en la defensa penal indígena en Chile frente al Estado de Derecho hegemónico, izquierdas, 45, febrero 2019:51-78”.




[1] Cox, V, Francisco. Criminalización de la protesta social “No tiene derecho a reunirse donde le plazca”. Bertoni, E. (2010). ¿ Es legítima la criminalización de la protesta social. Derecho penal y libertad de expresión en América Latina (Buenos Aires: Universidad de Palermo). p. 75.

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