La Constitución del siglo XXI: ¿Qué Chile queremos?

Actualizado: sep 7

Por: Peter Franz Ercilla, Estudiante de Derecho, Universidad San Sebastián.

Columna de Opinión


La Constitución del Siglo XXI: ¿Qué Chile queremos?


El 67% de los chilenos y chilenas, según encuesta Cadem 2020, está de acuerdo con aprobar una nueva Constitución, es decir, más de los 2/3 de la población. Pero la pregunta inmediata que nos surge es: ¿Quiénes deben redactar la Carta Magna? Si bien a nivel internacional no existe una fórmula concreta de cómo cambiar o crear una nueva Constitución.


Existen dos mecanismos relevantes y a la vez contrapuestos en nuestro proceso constituyente: La famosa y representativa Asamblea Constituyente, conformada por ciudadanas y ciudadanos 100% electos democráticamente para los efectos de redactar únicamente la Carta Fundamental.


Por otro lado, la Asamblea Mixta Constitucional, que se caracteriza por tener un 50% de parlamentarios en ejercicio y un 50% de ciudadanos y ciudadanas, ambos elegidos para los efectos de redactar una nueva Constitución.


Entonces, hay que tener en cuenta que cada país fija sus reglas, pero deben hacerlo en relación a la realidad que vive cada chileno y chilena, es decir, atendiendo a las demandas legítimas que necesita nuestro país, para lograr un verdadero desarrollo individual y espiritual de las personas.


Ahora bien, el problema de nuestro sistema institucional recae directamente en el desequilibrio existente entre el poder político y el poder económico. Siendo este último el real protagonista e incidente en la toma de decisiones políticas, que en ningún momento se han puesto a pensar en el otro, sino que en sus fines propios e individualistas.


¿Cómo debe ser la nueva Constitución del siglo XXI? Para responder tal pregunta, debemos preguntarnos primero ¿Existe voluntad del poder político? Pareciera ser que la clase política no está a la altura de los cambios, transiciones que vive y necesita nuestro país, porque según la encuesta de Activa Research, la aprobación del Congreso Nacional bordea el 8%, es decir, está posicionada como la peor institución evaluada en el territorio nacional. Por tanto, al existir un bajísimo nivel de representatividad, tenemos que incluso replantearnos la idea de reconformar nuestro Congreso, acotándolo y fortaleciendo los gobiernos locales, es decir, redistribuir los recursos para potencializar la descentralización del país a través de los municipios, ya que, la Región Metropolitana sigue siendo un magnate frente a las demás regiones del país.


Ahora bien, nuestra Constitución del siglo XXI no debe ser tan extensa, sino más bien un catálogo con lo esencial, más acotado, ya que, hemos visto como constituciones en el mundo que consagran una vasta cantidad de derechos, hacen poco efectiva su protección, casos como Brasil, Bolivia, entre otros. ¿Cómo proteger los derechos sociales en un país como Chile? Tomando en cuenta la desigualdad y pésima distribución de la riqueza, las personas no cuentan con recursos para defenderse judicialmente, siendo los grupos sociales o intermedios sin fines de lucro que colaboran en la protección, que, si bien cuentan con vocación, les falta resguardo y financiamiento. Al respecto, creo que Chile debe tener una figura llamada el Defensor del pueblo u Ombudsperson, institución jurídica que protege los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, representando al pueblo frente a las responsabilidades del Estado, es decir, ejercer un control al poder público. Formulando recomendaciones del pueblo, recibiendo quejas, representando y participando en controles judiciales de amparo, de constitucionalidad y demás órganos del Estado en cuanto a la defensa y promoción de los derechos de las personas. Incluso, Chile es el único país de Latinoamérica en no tener a dicha institución en el ordenamiento jurídico. Por tanto, para limitar el poder de manera efectiva, necesitamos consagrar verdaderos derechos sociales, más no de consumo y otorgarle una real protección a través del Ombudsperson.


En cuanto a la organización del poder, nuestra Constitución debiese acercarse a un modelo que sea aún más democrático que el régimen presidencialista, que según mi punto de vista es un hiperpresidencialismo o presidencialismo reforzado porque el Presidente cuenta con atribuciones excesivas en materia exclusiva de ley como colegislador, por ejemplo, en materia de impuestos. También tiene atribuciones que contrapesan al Poder Judicial, como indultos, contando con nombramientos de jueces y ministros, entre otros.


Recordemos que el pueblo tiene que auto gobernarse y auto limitarse, conceptos esenciales que deben concurrir para tener un verdadero pacto social, conceptos que jamás se han respetado y cumplido en la historia de nuestro país. Por tanto, opino que, para ejercer un mayor contrapeso de poderes, postulo por un régimen semipresidencialista que se caracteriza por ser más democrático, es decir, dividiendo la figura de jefe de Estado (Presidente) y jefe de Gobierno (Primer Ministro), ambas figuras elegidas conjuntamente por votación popular.


Asimismo, con tales cambios propuestos, no podemos no fijarnos en el cofre, es decir, en la distribución de los recursos y financiamiento de políticas públicas, pero ¿Qué modelo económico debería consagrar nuestra nueva Constitución? El modelo económico neoliberal ha fracasado, la propiedad beneficia a unos pocos y la gente despertó, el pueblo levantó su voz y el desafío se centra en crear un sistema más solidario con personas individualistas, en donde el Estado debe tener necesariamente un rol protagónico, buscando pensiones dignas, buscando educación gratuita y de calidad, buscando reconocimiento de pueblos originarios y de disidencias sexuales, fortaleciendo las oportunidades de trabajo entre hombres y mujeres, el respeto y libertad de elección en situaciones personales, como el aborto legal, libre y seguro, ya que, las mujeres al no tener regulación y protección legal, utilizarán igualmente vías ajenas, atentando muchas veces contra su propia vida sea cual sea la razón. Es sumamente importante avanzar hacia una sociedad más justa, tolerable y equitativa.


El poder político tiene que estar a la altura de los acuerdos alcanzados post estallido social, de lo contrario, no estaríamos escuchando ni entendiendo el fondo de la crisis institucional chilena del siglo XXI, retrocediendo lo ya avanzado, generando así una verdadera cortina de hierro entre gobernantes y gobernados.


Es por ello, que planteo aún más la necesidad de redactar una nueva Constitución democrática y legitima para nuestro país a través de una Asamblea Constituyente, institución que solo se dedicará exclusivamente a la redacción de la Carta Fundamental, transmitiendo real confianza, sensatez y sobre todo empatía entre todos los sectores sociales que tienen la gran oportunidad de modernizar nuestro sistema institucional, siendo un desafío para la clase política corrompida tener que recuperar la aprobación del pueblo chileno que cada vez más se da cuenta como el sistema actual se cae a pedazos.


La Constitución del siglo XXI, es sinónimo de un profundo cambio y desafío para la sociedad chilena, aquella que busca asegurar un piso de dignidad, aquella que no quiere ser de unos pocos, sino que de todos y todas.



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