La necesidad de un nuevo pacto social para la mejor protección de los trabajadores.

Actualizado: sep 7

Por: Leonardo Torres Mardones.

Columna de Opinión






La necesidad de un nuevo pacto social para la mejor protección de los trabajadores.


Este 25 de octubre se realizará el plebiscito para determinar si cambiaremos la constitución, votación hist


órica en nuestro país y donde determinaremos por primera vez la opción de participar en la redacción de una nueva Carta Magna. Y como en toda discusión constitucional contemporánea, el debate sobre los derechos laborales será parte importante de ésta.


Desde que la Constitución de Querétaro en 1917 incorporara derechos laborales; pasando por el surgimiento de la Organización internacional del trabajo en 1919 y el comienzo del derecho supranacional del trabajo; las constituciones han ido incorporando derechos laborales en su contenido, variando en su extensión y en la cantidad de derechos incluidos.


En Chile este proceso se comenzó a dar principalmente en la Constitución de 1925 y alcanzó su mayor desarrollo en el gobierno de Salvador Allende, período en el cual la redacción de los derechos laborales en la carta magna comprendía expresamente el derecho al trabajo, a la huelga y a la participación en las ganancias.


Con posterioridad, en la Constitución de 1980 se disminuyó la amplitud de estos derechos, incorporando dos numerandos en el artículo 19, donde en uno se habla de los derechos individuales y en el otro de los derechos colectivos.


Sin embargo, la ambigua y deficiente redacción ha originado un escenario difuso respecto a los derechos realmente protegidos en nuestra carta magna, vacío que por suerte lo ha llenado la jurisprudencia en alguna medida.


La regulación en nuestro ordenamiento constitucional permite por un lado uniformar las leyes que se dicten, como también hacer efectivos los derechos en sede jurisdiccional.


Partamos el análisis con la norma de los derechos individuales. El artículo 19 N.º 16 de la Constitución garantiza a todas las personas “La libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución…”.


Es así como nuestra Constitución no garantiza explícitamente el derecho al trabajo, sino la libertad de este. Asimismo, tampoco consagra la participación como un derecho de los trabajadores, al contrario de lo que sucedía anteriormente.


¿Será necesario incorporar el derecho al trabajo como una garantía constitucional? Si bien parte de la doctrina y jurisprudencia han considerado que implícitamente se consagra el derecho al trabajo, está claro que es una interpretación rebuscada atendido a los términos en que está planteado el precepto. Y es que garantizar el derecho al trabajo implica dos preocupaciones principalmente: La necesidad de que sea una política orientadora del estado la promoción del empleo; y la protección jurisdiccional de este derecho que implica buscar hacerlo efectivo en tribunales.


Si bien puede ser dificultoso garantizar el derecho al trabajo, en el sentido de los pleitos jurisdiccionales que se pueden provocar y el gasto que podría significar, atendido el escenario económico y productivo descubierto por la pandemia; es necesario buscar una redacción que propenda a un rol activo del Estado en la promoción del empleo, ya sea aumentado sus proyectos de inversión o aumentando las empresas públicas. Y es que en un contexto económico complejo, el Estado debe propender a mayores programas de empleos públicos en concordancia con lo dicho por la OIT.


Es en ese sentido, de norma rectora para el actuar del estado, que sería necesario incorporar un mandato mucho más claro para el Estado en su rol de promoción del empleo, ya sea garantizando derechamente el derecho al trabajo o en fórmulas como “El Estado fortalecerá y promocionará el empleo”.


Asimismo, sería interesante además incorporar alguna norma que reconozca la labor de miles de trabajadores a honorarios en el sector público, los cuales deben enfrentar juicios porque están privados de los derechos laborales a pesar de que ejercen funciones que cumplen todos los requisitos de un contrato de trabajo. Sería interesante plantear el derecho a la protección del trabajo con sus garantías establecidas en la legislación a pesar de las diversas denominaciones que se le da, ya sea en el sector privado o sector público.


Además de una norma antidiscriminación no hay otros derechos individuales incorporados en la Constitución. En otras legislaciones se incorpora en materia constitucional la promoción de los trabajadores, e incluso la igualdad en el salario por igual trabajo. No sería extraño ni malo incorporar alguno de estos derechos.


En materia de derechos colectivos la situación es más compleja y discutida. El primer derecho garantizado en esta materia es la negociación colectiva, la cual se establece como un derecho individual, vedando así la posibilidad de establecer la titularidad sindical. Esto, en un país con un bajo poder de negociación de los sindicatos es complejo y disminuye la posibilidad de lograr acuerdos donde los sindicatos puedan establecer regulaciones más favorables a los trabajadores.


Asimismo, la negociación colectiva se establece a nivel de empresa, lo cual claramente disminuye el real poder de este derecho, pues la negociación a nivel interempresa sería la verdadera forma de alcanzar mejores situaciones laborales para grupos importantes de trabajadores, muchos de los cuales no negocian por la baja sindicalización o porque se trata de empresas menores.


La titularidad sindical y la negociación interempresa sería el verdadero poder que hace falta a nuestro país para lograr que los sindicatos alcancen una verdadera voz en la mejora sustancial de las condiciones de los trabajadores de nuestro país.


En el mismo precepto se incorpora la consagración del derecho a la huelga, pero de una manera totalmente deficiente, ya que se establece de una forma negativa, indicando que trabajadores no pueden hacer uso de la huelga.


Este precepto es insuficiente, ya que no establece de manera expresa una consagración al derecho a la huelga, permitiendo que hasta el día de hoy nuestra legislación laboral permita de diversas maneras disminuir este derecho.


Es necesario consagrar de manera expresa el derecho a la huelga, y ojalá incorporar que se garantice este derecho de manera efectiva, evitando así las diversas formas de que este derecho pierda su real importancia.


Finalmente, en el numeral 19 se garantiza la libertad sindical. Y en el último inciso se establece la prohibición de que el sindicato participe en actividad político partidista alguna. Este precepto guarda perfecta concordancia con la prohibición de que dirigentes sindicales se postulen a cargos de elección popular.


Desconocer la actividad política del sindicato es no hacerse cargo de la labor que estos entes realizan en la sociedad. Los sindicatos desarrollan labores políticas, donde se fomenta la participación de los trabajadores en la búsqueda de soluciones comunes y de mejorar sus condiciones laborales, lo cual contribuye a la redistribución de riquezas. Asimismo, el sindicato se desarrolla con otros entes en la sociedad, por lo cual tiene una voz importante en el contexto nacional y social.


Desconocer la actividad política del sindicato es no dejar paso a la huelga por solidaridad por ejemplo, la cual por suerte ha sido reconocida por la jurisprudencia. Sin embargo, creo que la prohibición está demás, considerando además que los sindicatos son personas jurídicas y también están expuestos a fiscalización tanto de la dirección del trabajo como de los propios asociados.


Finalmente, antes de plantear mis conclusiones, me gustaría recalcar que si bien no es propiamente un derecho laboral, la pandemia y el contexto del teletrabajo ha dejado al descubierto lo importante que es la conectividad y la labor del estado en orden a garantizar este derecho para todos y todas.


En conclusión, creo que es necesario reformular los derechos laborales y ampliar su extensión. Me conformaría con un mandato claro al estado de hacerse cargo de la protección y promoción del empleo, ojalá incorporando el derecho al trabajo; una

consagración real y efectiva del derecho a la huelga; el reconocimiento a la negociación interempresa; y la eliminación de la prohibición de los sindicatos para intervenir en actividad político partidista. Soñaría con la agregación de un derecho a igual salario, a un reconocimiento de la relación laboral, a una educación constante de los trabajadores, a la seguridad en el trabajo y a la titularidad sindical.


Sin embargo, esta opinión viene desde el derecho, siendo necesario que en la participación de la redacción en esta nueva carta magna, y en la discusión de estas problemáticas laborales, ocupen un rol relevante las y los dirigentes sindicales, los cuales son lo que viven las insuficiencias del derecho laboral día a día.

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