La Nueva Constitución y nuestra desprestigiada clase política.

Actualizado: sep 7

Por: Cristian Manríquez Gacitúa, Estudiante de Derecho, Universidad de Santiago de Chile.

Columna de Opinión


La Nueva Constitución y nuestra desprestigiada clase política.


Es sabido que el estallido social del año 2019 fue una clara manifestación del cansancio, rabia y quiebre de la población chilena con su clase dirigente. En esos meses presenciamos violencia por ambos sectores, que desde un comienzo debieron ser reprochados y sancionados, independiente quien haya sido responsable de graves atentados a la vida y la seguridad de nuestros compatriotas.


Sin embargo, estos hechos aislados por un sector y constantes por el otro no pueden mermar la legitimidad de la expresión del malestar ciudadano iniciado con los estudiantes secundarios en las distintas estaciones de metro de la capital.


Las consignas que más se escuchaban y leían en las calles de todo Chile eran salud, educación, pensiones, vivienda, equidad, justicia, reconocimiento a pueblos originarios, entre otras, pero la petición de una nueva Constitución no fue un tema de gran relevancia en el comienzo de las protestas multitudinarias de octubre.


Aunque esto no significa que no haya sido considerado por algunos, sino más bien, no estaba tan latente el anhelo de iniciar un proceso constituyente que tuviese como finalidad modificar la actual Constitución, de 1980 para algunos y de 2005 para otros.


Considero que esto es un punto esencial para comprender el proceso constituyente, proceso que tiene como marco legal la Ley de reforma constitucional N°21.200 que modifica el capítulo XV, denominado “Reforma de la Constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República”.


Dicho esto, hay que pensar en este proceso desde dos aristas, la primera lo que denomino “Escape político o salida fácil”, y la segunda “La gran oportunidad”.


Respecto al escape político, hay que entender que este estallido se dio en gran parte como resultado de la ineficacia y abusos de gran parte de la política pasada y presente de nuestro país, quienes perdieron y olvidaron la piedra angular de su función pública, el servir y deberse al pueblo y no servirse de él.


Estas prácticas repetidas durante décadas terminaron por quebrar la confianza o respeto por las autoridades, que dejaron de ser un ejemplo o líderes a seguir para la población y pasaron a ser vistos como un único grupo de poder con intereses absolutamente distintos a los de sus electores.


Casos como; corrupción ampliamente conocidos, sueldos millonarios, fraudes al Fisco, designaciones en cargos atentando al principio de probidad y transparencia, abusos de poder, contactos indebidos con grupos empresariales de gran relevancia, etc. Estos

ejemplos, al alcance de cualquier lector de noticias han tenido un gran impacto en lo antes mencionado, la confianza, sentimiento tan importante en la construcción y desarrollo de un país, ha sido absolutamente violado por quienes tienen el deber de legislar para mejorar las condiciones de la ciudadanía y a la vez ser un poder político que mantiene a raya y evita o contrarresta los excesos en que el poder económico puede incurrir.


Nuestros honorables diputados y senadores, siendo conscientes del gran y mayoritario malestar de la población contra todo el espectro político, sin distinción de ideologías o posturas, sin importar su rol en la Dictadura cívico-militar o el retorno a la democracia y su función en estas décadas de gobiernos, tomaron el histórico acuerdo de diciembre del año pasado.


Este acuerdo se llevó a cabo ante la enorme presión ejercida por la ciudadanía en las manifestaciones diarias y mantenidas por semanas, los parlamentarios dieron un giro o una señal de unidad como lo denominaron y comprensión ante esta revuelta popular con el anuncio de la reforma constitucional que dará pie a un proceso constituyente, centrando toda la atención y discusión en este hito que pretendía dar como solución a las consignas de lucha del pueblo, una nueva Constitución democrática y redactada por los chilenos y chilenas, sin embargo, la principal intención era aminorar la rabia o desprecio de este pueblo con ellos, el cual con justa razón tienen.


Es así como la salida constitucional y pacífica (evitando una posible guerra civil) de esta crisis social y política fue el anuncio de una nueva Constitución, que se anunció con sonidos rimbombantes sería la cual vendría a solucionar todas las necesidades, problemáticas y abusos de décadas.


Para algunos es la gran oportunidad de terminar con el legado de la dictadura, el cual está presente en gran parte de nuestro ordenamiento jurídico, pese a las reformas de las que ha sido objeto, y es muy probable que así sea, una oportunidad para generar un nuevo pacto social que nos acerque y una como compatriotas. Sin perjuicio de lo anterior, esta nueva Constitución es un gran paso, pero de ninguna manera el único y final como cierto grupo lo ha mencionado.


En la nueva carta fundamental se podrán reconocer y consagrar muchos derechos económicos, sociales y culturales, sin embargo, de nada sirve prometer un nuevo Chile si no hay un cambio sustancial y radical en la política de nuestro país, tan desprestigiada y manchada por una infinidad de situaciones que son de conocimiento público y están arraigadas en el sentir de los chilenos, que abrieron los ojos ante estos hechos.


Esta oportunidad es única, pero debemos ser muy cautelosos y estar en constante aprendizaje respecto a lo que significa una nueva Constitución, la cual sin un sistema político sano y transparente, junto a representantes aptos, capaces intelectual y socialmente, y comprometidos con dar un trabajo al nivel de sus responsabilidades y deberes como miembros del Congreso Nacional, solo será un documento que en la práctica no producirá los grandes cambios que promete a la ciudadanía.


A su vez, el superar los intereses partidistas, de sectores que han quedado más que atrasados a las innumerables y emergentes necesidades y problemáticas del siglo XXI a nivel nacional como internacional, es fundamental para no caer en el repetido y constante juego de buscar responsables en la izquierda y la derecha, sino que ir más allá, considerando a los independientes, organizaciones sociales, comunitarias, entre otras nuevas formas de hacer política, tal vez de una manera no tradicional sino espontánea de la cual debemos aprender y adecuar nuestro sistema en pro de hacer cambios no solo en el papel, sino también en la práctica, en el día a día de todos los chilenos.


En conclusión, este proceso que es augurio de reformas sustanciales al Chile anterior al estallido social, desde la mirada más optimista puede ser la solución a los problemas de nuestra patria, sin embargo el distanciamiento del pueblo, soberano del poder, delegado a los representantes, debe ir más allá, siendo partícipe y motor de cambio en el nuevo Chile, con políticos competentes e íntegros, que junto a una educación de calidad para las futuras generaciones darán un cambio cultural y social a nuestra bella tierra y su gente que ha sido engañada con gran facilidad hasta el día de hoy por quienes deberían velar en todo momento por su protección y desarrollo en todo el esplendor de la palabra.

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