Ley 21.212, un apronte de justicia para las mujeres.

Por: Natalia Caqueo Alfaro.

Columna de Opinión


Ley 21.212, un apronte de justicia para las mujeres.


La violencia contra la mujer históricamente ha tenido -y tiene- distintas maneras de manifestarse. Hablamos de una pirámide de violencia, que comienza con las creencias, valores y suposiciones básicas e invisibles que viven las mujeres en su cotidiano, desde la violencia económica, discriminación laboral, violencia física, violencia sexual, entre otras, hasta la forma más extrema, física y evidente: el femicidio.


Hasta hace una década atrás, en Chile, el delito de femicidio no estaba tipificado, ni considerado en nuestra legislación. La sistemática violencia de género que adolecían -y adolecen- las mujeres, se percibía en gran parte dentro de la familia, y excluía cualquier forma de violencia no vinculada con dicho núcleo. Se buscó una manera de prevenir y proteger a las víctimas a través de la entrada en vigencia de la Ley N. 20.066 de Violencia Intrafamiliar, en la cual, su artículo 5 la define como “todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él”.


Luego, en el año 2010 se incorpora la Ley Nº 20.480 del Femicidio, para modificar el Código Penal, dotando a dicho delito de reconocimiento legal y sanción. Se incorpora el inciso segundo del femicidio al artículo 390 del Parricidio, quedando restringido al vínculo familiar que propone el primero. La modificación incorporada, amplía la figura del sujeto activo del hecho típico, a los cónyuges, convivientes, y excónyuges y exconvivientes de la víctima. Si bien, esta modificación fue el primer paso para disminuir la impunidad del delito y para reconocer el fenómeno del femicidio como una gran problemática, el ordenamiento jurídico penal siguió encontrándose en deuda con la realidad que presentaba el femicidio como tendencia. Mientras en otros países, como, por ejemplo, en Guatemala con su Decreto 22-2008, el femicidio ya era reconocido como el asesinato de una mujer sólo por el hecho de serlo, sin que exista y sea necesaria una relación entre el homicida y la víctima, en Chile, aún se necesitaba la relación o vínculo formal para configurar el delito. Finalmente, la incorporación de la Ley Nº 20.480, continuó siendo insuficiente para las necesidades de las mujeres, terminando solo con un mero efecto denominativo.


En marzo de 2020, se modifica nuevamente el ordenamiento penal con la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.212, denominada “Ley Gabriela”, en conmemoración al caso de Gabriela Alcaíno Donoso (17), que fue asesinada por su ex-pareja, quien además asesinó a su madre. Esta modificación se produce desde la urgencia de los familiares de las víctimas, toda vez que, el acontecimiento era considerado homicidio simple y no femicidio, en virtud que estos antecedentes no cabían en la configuración del tipo penal que disponía la Ley Nº 20.480.


La incorporación de esta ley amplía el marco legal del delito en el artículo 390 bis, el cual considera dos hipótesis de femicidio. Primero, condena todo delito contra la mujer, sin importar el vínculo que tengan los sujetos, precisamente cuando dispone “al hombre que da muerte a una mujer que es o ha sido, cónyuge o conviviente o con quien tiene o ha tenido un hijo en común” y agrega “que será femicidio cuando se de muerte en razón de tener o haber tenido con ella una relación de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia”. Esta ampliación de la tipificación se encuentra en contraposición a la ley anterior, que consideraba el hecho típico como femicidio siempre que existiera una relación formal entre sujeto activo y pasivo. Además, busca condenar cualquier tipo de menosprecio, violencia y abuso cometido contra la mujer. El artículo 390 precisa respecto esta segunda hipótesis, y condena cualquier delito cometido por el solo hecho de ser mujer en su inciso tercero: “Será femicidio cuando un hombre de muerte a una mujer en razón de su género”.


A propósito de la forma más extrema de la violencia de género, el sistema judicial tuvo la necesidad de dar soluciones concretas producto de las exigencias de los movimientos feministas y organizaciones sociales en Chile y en el mundo, quienes tomaron mayor envergadura con al aumento de la mediatización de los casos de violencia contra la mujer, los tratados internacionales ratificados y el compromiso de distintas organizaciones de poder en contra de dicha contradicción social.


A pesar del avance en la regulación del femicidio de nuestra legislación, y el aumento en su sanción (actualmente desde presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo), siguen sucediendo con frecuencia estos ilícitos. Según datos del SernaMEG, entre el año 2016 y 2019 se registró un aumento del 35,2% llegando a 46 los casos de femicidio. Este año 2020, hasta la fecha, van 26 casos de femicidios consumados. Esto, sin contemplar los casos sancionados como homicidio, antes de la entrada en vigencia de la Ley Gabriela en marzo.


No cabe duda que el avance en la legislación, en cuanto la perspectiva de género y la violencia contra la mujer ha sido un primer apronte de justicia para las que han sufrido -y siguen sufriendo- en razón de la violencia de género. Por otra parte, es cierto que la tipificación de la figura penal, su reconocimiento legal y el aumento en la sanción son insuficientes y no efectivos para prevenir este tipo de delitos. En el marco de la discusión de la “Ley Gabriela”, desde la organización de Abogadas Feministas, afirmaron que está demostrado a nivel comparado en otros países que el aumento de las sanciones no conlleva una erradicación de la conducta.


La tipificación de la figura penal y su regulación urge estar en plena coordinación con políticas públicas eficientes, con un sistema que sea efectivo para su ejecución y que no reaccione de forma tardía, sobre todo, para prevenir, erradicar y educar sobre la violencia de género. Es el camino y la deuda que tenemos con todas las mujeres y potenciales víctimas.

Bibliografía


Código Penal, artículo 390 BIS.


Código Penal, artículo 390 TER.


Ley N. 20.066, Ley de Violencia Intrafamiliar, artículo 5.





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