Presunción de Inocencia y Prisión Preventiva: El Caso de Antonia Barra.

Actualizado: sep 7

Por: Sebastián Perea Tavali, Estudiante de Derecho, Universidad Católica Silva Henríquez.

Columna de Opinión


Presunción de Inocencia y Prisión Preventiva: El Caso de Antonia Barra.


Es de público conocimiento el caso de Antonia Barra, joven de 21 años que decide quitarse la vida luego de haber sido “presuntamente” violada por parte de Martín Pradenas, individuo que, a la fecha, habiéndose apelado la medida cautelar de arresto domiciliario decretada por el Juzgado de Garantía de Temuco, se encuentra cumpliendo prisión preventiva en la Cárcel de Valdivia durante el tiempo que dure la investigación o hasta un máximo de 120 días.


Producto de lo anterior, se han utilizado las redes sociales para manifestar conformidad con la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Temuco que revoca la sentencia de primera instancia. No obstante, igualmente se ha aprovechado el espacio para que ciertas personas defiendan al imputado, basándose en el derecho fundamental a la presunción de inocencia, el cual por lo demás, constituye uno de los principios rectores del Derecho Penal y que a mi juicio no basta para considerar inocente a Martín Pradenas, pese a que la propia legislación así lo estipule.


En este sentido y sin perjuicio de que el derecho fundamental a la presunción de inocencia se encuentra amparado por nuestro ordenamiento jurídico —tanto en nuestra carta fundamental, artículo 19 No3, inciso sexto, dentro de la garantía de debido proceso; como también en el Código Procesal Penal— y regulaciones internacionales en materia de derechos humanos, es que se hace necesario analizar la presunción de inocencia desde una perspectiva de derecho interno y cómo esta se desvirtúa a la hora de decretarse una medida cautelar como la prisión preventiva por las razones que paso a detallar.


En primer lugar, teniendo presente el artículo 4o del Código Procesal Penal (en adelante, CPP), ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Sin embargo, al analizar cada uno de los requisitos por los que se da curso a la medida cautelar de prisión preventiva establecidos en el artículo 140 CPP, se manifiesta cierto carácter acusatorio hacia el imputado, toda vez que acredita la existencia del delito en cuestión, presupone la participación del acusado en los hechos y, además, considera que su libertad resulta un impedimento para el éxito de la investigación —en el entendido que, ninguna persona inocente buscaría impedir el desarrollo de una investigación que podría resultar a su favor, inclusive—.


De esta forma, no ha de sorprender que la medida cautelar de arresto domiciliario decretada en un inicio haya sido apelada, pues recordemos que existe evidencia suficiente como para sostener que el imputado Pradenas mantuvo contacto con la víctima e incluso la trasladó a la cabaña en donde se cometió el ilícito, destruyendo luego su teléfono personal y eliminando más de 14.000 fotografías de su computador, para así deshacer toda evidencia que pudiere relacionarlo aún más a los hechos; constando de igual manera que, para efectos de conocer el procedimiento que se llevaría en su contra, se infiltró en el grupo de WhatsApp: Justicia para Antonia. De esta manera, observamos que las acciones de Martín reflejan un claro

abuso del sistema procesal penal chileno al aferrarse a un derecho fundamental como la presunción de inocencia que, si bien posee en su calidad de persona humana, ya se encuentra sumamente desvirtuado en razón de los argumentos detallados precedentemente.


Además, si nos atenemos al análisis del artículo 1o del Código Penal (en adelante, CP),

específicamente en su inciso segundo, las acciones u omisiones penadas por la ley se

reputan siempre voluntarias, a no ser que conste lo contrario. Siguiendo este precepto y habida consideración de que podría resultar contrario a la propia esencia del ordenamiento jurídico,es que podemos afirmar que Martín no sólo era plenamente consciente de los hechos que estaba cometiendo, sino que, además, es el propio CP el que posee una presunción de dolo (o mala fe) contra su persona a partir de los actos que “presuntamente” cometió y que se ven acreditados por los antecedentes que se encuentran en manos del el Ministerio Público.


Es menester entonces señalar que, en el caso de la joven Antonia Barra, el derecho a la

presunción de inocencia de Martín Pradenas no se extingue, pero sí pierde valor, toda vez que la propia normativa que permite dar curso a la prisión preventiva es contraria a este y que, bajo esta misma lógica, quienes insisten en la defensa del imputado e intentan depositar la responsabilidad de sus actos en manos de las víctimas, necesitarán más que sólo desacreditarlas —en una clara manifestación de injusticia epistémica hacia el género femenino— para ir en contra de la presunción de dolo que ya pesa en contra de Martín Pradenas por la medida cautelar decretada, la cual a diferencia del razonamiento empleado por el Juez de Garantía de Temuco no debe entenderse como la anticipación de una pena —dado que es necesario un juicio oral para tal efecto—, sino una medida de seguridad por la cual hacer justicia y velar por el correcto desarrollo de la investigación frente al delito que se cometió en contra de Antonia y por el cual ya no puede defenderse.


En tanto ¿seremos enfáticos en señalar que Martín Pradenas ha desvirtuado su inocencia ante el sistema penal chileno o más bien una minoría insistirá en defender lo indefendible?

Bibliografía Consultada


Castillo, R. H. C. (2000). La presunción de inocencia y algunos peligros que le acechan en el nuevo proceso penal. Revista de derecho (Coquimbo. En línea), (7), 225-234.


Martín Diz, F. (2018). Presunción de inocencia en procesos penales por violencia de género. Ius et Praxis, 24(3), 19-66.


Nogueira Alcalá, H. (2005). Consideraciones sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Ius et praxis, 11(1), 221-241.


Valenzuela, J. (2011). Presumir responsabilidad: sobre una relación entre la prisión

preventiva y la presunción de inocencia en el derecho procesal chileno. Revista de Estudios de la Justicia, (14), pp. 53-70.



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