Reinserción Social: Un nuevo derecho para una Nueva Constitución.

Por: Alexandra Estela Ramírez Sepúlveda

Columna de Opinión


Ejes de Democratización: Principios del Reglamento de la Convención Constitucional


“La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo” – Nelson Mandela (1918-2013).


A solo un par de semanas del plebiscito han surgido grandes cuestionamientos por parte de la ciudadanía en cuanto a qué contenidos adicionar o suprimir de nuestra actual Constitución; paridad de género, derecho a vivienda, reconocimiento de pueblos indígenas, por mencionar algunas.


Otro tema que deberán considerar los futuros y las futuras convencionalistas constituyentes, sin lugar a dudas, corresponde a la reinserción social ¿qué es? En un sentido simple y general, la palabra reinserción remite al acto de insertar nuevamente a una persona al orden social legal en que los ciudadanos de cierta comunidad se relacionan y del cual esta persona se encontraba marginada. Este sentido del término no ha estado exento de controversia y ha generado un amplio debate referido a la supuesta inserción social y funcional determinadas personas, que no necesariamente estaban insertos en el sistema normativo dominante al momento de cometer el delito. Este debate se ha desarrollado en diversos contextos. De ahí que, términos como resocialización, reintegración, rehabilitación y reinserción se usen como sinónimos o de manera intercambiable.


Más allá que los problemas que se tornen en cuanto a su definición, es importante suplir el silencio que hace el Constituyente en relación al artículo 1 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que señala “La actividad penitenciaria se regirá por las normas establecidas en el presente Reglamento y tendrá como fin primordial tanto la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas.”


La reinserción además, es un escenario que permitirá que quienes hayan terminado su periodo de privación de libertad puedan iniciar de nuevo, y a su vez, ir en búsqueda de igualdad de oportunidades como señala la actual Constitución, tener la oportunidad de reinsertarse ya sea en educación; el área laboral, siendo extensiva a personas jovenes y adultas que ya han cumplido su condena.


Materia que estaría en plena concordancia con los Tratados Internacionales ratificados y vigentes por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10.3 “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”, así como también el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros.


Pudiendo seguir la experiencia comparada en países como:


- Argentina: Si bien no está consagrada a nivel Constitucional, cuenta con programas de reinserción sociolaboral en virtud de la Resolución MTEySS N° 815/12, Se trabaja en políticas públicas de empleo para mejorar las oportunidades de reinserción socio-laboral de personas en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas cuando es prioritaria la inserción en el mundo del trabajo. Empleando dentro de sus acciones; mejorar las oportunidades de reinserción social y laboral de personas en tratamiento por consumo de drogas, capacitaciones a Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral, Desarrollar perfiles calificados mediante el fortalecimiento de conocimientos, competencias y actitudes para una inserción laboral efectiva, Promover la participación de las empresas en el trayecto formativo ocupacional, para la inserción laboral efectiva de la población objetivo.


- Ecuador: En el artículo 24 de su Carta Fundamental prescribe: Art. 24.- Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones. Determinará también sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, de conformidad con la naturaleza de cada caso, la personalidad del infractor y la reinserción social del sentenciado.


- España: En el artículo 25 de su Constitución señala: “2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.


Experiencias que si bien, distan de la realidad nacional, son posibles, por la labor desempeñada por organizaciones como 81 razones, Fundación Kalen, Pajarx Entre Púas, Proyecto Reinserción, Red Acción Carcelaria, entre otras; y sería aún más grande si estuvieran acompañadas de un apoyo real y efectivo por parte del Estado, garantizando el adecuado ejercicio de este derecho, tanto como para adultos, como para adolescentes infractores de la ley penal y a su vez, podamos construir una mejor sociedad en la que los contextos post-carcel resguarden seguridad tanto como para quienes terminan su condena, como para el resto de la ciudadanía.


Bibliografía


- Constitución Española

- Constitución de la República del Ecuador

- Decreto 518 “Reglamento de Establecimientos Penitenciarios”

- Reinserción sociolaboral | Argentina.gob.ar – Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/trabajo/didal/reinsercion (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2020).

- Villagra, C. (2008). Reinserción: Lecciones para una Política Pública. En Debates Penitenciarios, Boletín N°6. Santiago, Chile: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos Públicos, Universidad de Chile – Recuperado de: http://www.cesc.uchile.cl/publicaciones/debates_penitenciarios_06.pdf (Fecha de consulta: 29 de octubre de 2020).


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