Sobre la determinación histórica de la conciencia constitucional.

Actualizado: sep 7

Por: Marcelo Alvarado Lincopi, estudiante de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado e integrante del Grupo de Estudios de Teoría Constitucional y Derecho Público UAH.

Columna de Opinión


Sobre la determinación histórica de la conciencia constitucional.


¿Cómo llega la ciudadanía a un plebiscito que define el futuro constitucional de la República? Antes de responder aquello, es preciso desenvolver cuestiones previas.


Durante los últimos 10 años la literatura de las ciencias, tanto sociales como jurídicas, de manera general, buena tinta ha gastado para describir, analizar y proponer cuestiones relativas tanto a la actual coyuntura constituyente que se inaugura el próximo 25 de octubre, como también, sobre asuntos propios de la historia general del proceso de transición chilena que desemboca en nuestra actual situación.


Ahora bien, sobre el análisis que refiera una perspectiva histórica transicional y que tengan directa relación, a nivel consecuencial, con nuestra actual coyuntura constituyente, es preciso distinguir entre cuestiones que configuraron un malestar general, expresado en una acción política concreta y cuestiones político-jurídicas institucionales de oposición, todas proclives, en algún u otro momento, al cuestionamiento de la legitimidad de la Constitución Política chilena de 1980.


Ante aquello, es posible fijar hitos. Los hitos significantes de la primera categoría son: a) El inicio del movimiento autodeterminista Mapuche en 1997 con la quema de tres camiones en la ciudad de Lumaco, que determinó un salto en la comprensión política interna, tendiente a la valoración de la autonomía; b) La movilización estudiantil del año 2011 en la cual se apuntaba a la necesidad de tutelar derechos sociales, específicamente, el derecho a la Educación, y de erradicar la noción subsidiaria mandatada al Estado a través de la Constitución; c) El Mayo Feminista de 2018 que significó una apertura total del movimiento feminista en la política nacional y la organización masiva de mujeres y disidencias sexuales, tendientes a disputar la comprensión de la realidad y de poner el relieve en la igualdad material de derechos y en la necesidad de derechos sexuales y reproductivos, en este momento, convertido en una propuesta concreta de constitucionalización.


Ahora, sobre la segunda categoría, más allá de fijar hitos, como lo puede ser la apertura al debate de cambio constitucional iniciada por la expresidenta Bachelet el año 2016, es prudente preguntarse ¿Desde cuándo nace la impugnación a la legitimidad constitucional? Estimo que comienza, incluso, antes de promulgación de la Constitución ochentera.


Es sabido que parte del itinerario pronto del régimen militar una vez realizado el golpe de Estado, es reformar las bases jurídico-institucionales de la República, y es así como en el mismo septiembre del año 1973 se forma la ‘’Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República’’ más conocida como ‘’Comisión Ortúzar’’, la cual realizó un anteproyecto que después fue revisado por el Consejo de Estado y la Junta Militar de Gobierno, ahora bien, es en ese mismo trance de revisión en el cual nace la primera oposición, desde un punto de vista jurídico-institucional, a la futura Constitución de 1980; el ‘’Grupo de Estudios Constitucionales’’ o ‘’Grupo de los 24’’ se forma en 1978 para elaborar un proyecto constitucional alterno al que estaban gestando los ideólogos de la dictadura, y es allí desde donde estimo comienza la larga impugnación a la legitimidad de la Constitución Política.


Así pues, es coherente preguntarse ¿Qué ha llevado a la necesidad de la impugnación de este marco jurídico? Para responder, hay que retroceder y volver a definir lo esencial de una Constitución. Cualquier Constitución, más allá de ser un conjunto de normas reguladoras de los órganos y poderes del Estado, de las legítimas fuentes del derecho, de las competencias y derechos de todo ciudadano y de las bases conceptuales de todo el orden institucional, es un texto instrumental de hegemonía política. Y así, de esta manera, se identifica nuestra vigente Constitución como un texto esencialmente militante.


Aquello tiene dos consecuencias en la actualidad, que pudieron verse plasmadas con el discurso político del estallido social, y nos explica el surgimiento constante de la impugnación constitucional. Incluso es posible identificar entre las dos consecuencias una secuencialidad entre aquello que puede identificarse como lo adjetivo o la ‘’forma’’ y, posteriormente, aquello substantivo o el ‘’fondo’’.


Por una parte, que nuestra Constitución sea profundamente militante camufló una lógica de consensos políticos que, en el terreno de lo objetivo, fue hondamente irreal. Y es así, como un conjunto de autores e intelectuales identifican el período de transición como un proceso de democratización «en la medida de lo posible», lo cual fue radicalmente superado desde octubre del 2019, donde el habitus colectivo para la generación de nociones políticas básicas fue la participación, la cual se traduce en algunos períodos como ligeramente orgánica, pero en otros momentos, como inorgánica; así, no es casual el salto desde los cabildos y asambleas barriales (con la conciencia colectiva en cambiar los pilares políticos de la República) a la constante presión a través de cacerolazos para el funcionamiento de los órganos del Estado (como lo fue en la ocasión de la Ley de Reforma Constitucional N°21.248 del Retiro del 10% de la capitalización individual en las AFP, y las constantes judicializaciones de casos de violencia de género y femicidios). Por tanto, hay un salto cualitativo en la comprensión de nuestra democracia, saltamos a un estadio marcado por la radicalización democrática en Chile, donde los pilares de sociabilidad están descentralizados en regiones, comunas y barrios.


Por otra parte, sobre lo substantivo del asunto, es conveniente responder una cuestión que se formula constantemente un sector de la sociedad, se piensa ¿Qué lleva a que la ciudadanía traduzca en una respuesta constitucional - supuestamente ligada de manera completa a nociones técnico-jurídicas - su malestar basado en condiciones de vida cada vez más precarias y angustiantes? ¿no debiera eso solucionarse a través de la vía legal? Ante todo, la respuesta del asunto parte desde una paradoja, pero cabe destacar que no es plausible subestimar, en ningún caso, a la conciencia común de la ciudadanía que subyace tras la reflexión de que una primera salida al agobio social es la salida constitucional.


Lo paradójico viene en cuanto la posición política que, ante el período preconstituyente actual, supone la solución a la coyuntura bajo la formula legal y la del constituyente derivado, es la misma que, de forma constante, durante los últimos años se esforzó en truncar la vía legislativa para superar las constantes grietas estructurales a través votos minoritarios en proyectos de reforma que exigían un quórum supra-mayoritario o través del recurso de control preventivo de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Así, las dos vías de impugnación tenían un sujeto determinado que las validaba; la Constitución Política. De esta manera, no es para nada extraño que amplias mayorías de la ciudadanía percataran que, a lo menos, una parte de la solución a sus malestares era la superposición de otra manera distinta de entender lo constitucional, otra manera diferente de relacionarse con los fenómenos políticos, y así, tampoco es extraño que una de las primeras consignas desde el 18 de octubre del año 2019 haya sido la necesidad de un nuevo ‘’Pacto Social’’, resonando nuevamente a todo grosor la noción subyacente del pensamiento rousseauniano.


Así las cosas, llegamos al plebiscito en un momento de inflexión para la República, el cual, de una u otra manera, es un resumen complejo de todos estos años de transición. La crisis económica, el latente conflicto chileno-mapuche en la región de la Araucanía, los constantes casos de violencia de género, la precariedad social a consecuencia del desempleo y la morosidad, la débil legitimidad de los órganos y poderes del Estado y la necesidad pujante de desenvolver la representatividad a través de una participación, hasta ahora, abstracta; nos llevan a situar dos cosas fundamentales. En primer lugar y, al menos hasta el plebiscito de entrada del 25 de octubre, la necesidad de superar estos momentos amargos donde la falta de hegemonía política, situada en un texto constitucional del pasado, se expresa constantemente en la ruptura del Estado de Derecho, la situación complaciente del Gobierno con sectores de la sociedad radicalizados no es menor, y en segundo lugar, la necesidad de adoptar un futuro principio constitucional, que es necesidad en cuanto la expresión de todas estas cuestiones del complejo escenario actual tienen la pujante noción interna donde parece imperiosa la redistribución como marco abstracto para una nueva Constitución Política.


Redistribución política, para no dejar en los márgenes y sin cobertura institucional a la radicalización democrática en Chile, que significa mayores niveles de autodeterminación a la regiones, pueblos indígenas y barrios, y redistribución económica, pues tal como certeramente apunta Luigi Ferrajoli, no es plausible construir derechos civiles sin un sustento de garantía de bienestar general. Así, en el plano constitucional de los derechos fundamentales, se atiende a la secuencialidad; la voluntad popular es auténticamente expresa sobre la base de la existencia de derechos civiles y políticos que la sustentan, y estos derechos son eficaces sólo si son sostenidos por la garantía de derechos sociales; educación, seguridad social, salud y, a propósito del avance argentino tendiente a superar, momentáneamente, la brecha digital, el Internet y la telefonía celular como servicios públicos y esenciales.




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