Teoría de la Imprevisión: en búsqueda del equilibrio contractual sin alterar su certeza

Actualizado: ago 1

Por Felipe Echeverría del Fierro, Estudiante de Derecho, Universidad San Sebastián.

Columna de Opinión


TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN:

EN BUSQUEDA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL SIN ALTERAR SU CERTEZA.


En todo contrato oneroso conmutativo de tracto sucesivo o a plazo puede, una de las partes, verse gravemente afectada por hechos o circunstancias ajenas a su voluntad, inesperadas e imprevistas, que generan una excesiva onerosidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Provocando así un desequilibrio o desproporción de las prestaciones contractuales, alejando a los contratantes de la conmutatividad que dio origen al vínculo jurídico.


Sólo existen algunas disposiciones en nuestra legislación que, de manera

excepcional, abordan el problema y entregan una solución para imprevistos (v. gr. arts. 2003,1496, 2227, 2348 del Código Civil). No obstante, ninguna es de aplicación general. Se abre así una discusión doctrinal que enfrenta dos grandes principios del Derecho Civil. Discusión que nuestros tribunales no resuelven ni fallan con uniformidad (sobre todo en los tiempos de incertidumbre que estamos experimentando durante estos últimos meses). Sin embargo, en fallos arbitrales se observa una mayor aceptación y aplicación de la teoría de la imprevisión.


En un sentido riguroso, podemos entender que, en virtud de la autonomía de la voluntad, todo contrato válidamente celebrado es una ley para las partes contratantes. Esto obligaría a los contratantes a dar cumplimiento a lo pactado, incluso en situaciones desventajosas y perjudiciales (Pacta sun servanda), dando así seguridad y certeza jurídica al impedir que el contrato pueda ser revisado con posterioridad. Esta posición, evidentemente, rechazaría que se legisle de manera expresa sobre la teoría de la imprevisión argumentando, además, que, al permitir una excepción legal para que se revisen y alteren los contratos, haciéndolos vulnerables producto de una imprevisión, se permitiría que deudores de mala fe incumplan sus obligaciones y la dilaten al amparo de tutela jurisdiccional. En esta línea se encuentra gran parte de la doctrina nacional, v. gr. Hernán Corral argumenta que los contratos efectivamente sirven para “domesticar” los eventos de un futuro incierto.


Por otro lado, nos encontramos frente a una posición más ecléctica que acepta o permite una revisión contractual producto de hechos o circunstancias imprevistas. Se sustentan en argumentos como:


a) Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Por lo que se entendería no dar un cumplimiento a este principio (consagrado en art. 1546 del Código Civil) si una de las partes acusa un agravio involuntario y la otra exige, sin excepciones, el cumplimiento en circunstancias extremadamente gravosas, rompiendo el equilibrio patrimonial.


b) Otro argumento es que, para interpretar los contratos, se debe atender más a la intención de los contratantes, que a lo literal de las palabras (art. 1560 del Código Civil) entendiéndose así que, la voluntad de las partes, que dio origen al vínculo en circunstancias normales, estaría lejos de obligarse a cumplir, de manera excesivamente onerosa, producto de un acaso imprevisible y ajeno a su voluntad.


c) También se justificaría la revisión del contrato producto de que, se puede incluir de manera tácita la cláusula “rebus sic stantitus”, según la cual las partes no quedarán obligadas sino en el caso de que las condiciones existentes al tiempo de obligarse subsistan en el mismo estado hasta la ejecución de la obligación. Esto porque para las partes fue imposible prever acaecimientos extraordinarios cuando expresaron su voluntad contractual.

Hoy en día se tramita en el congreso una normativa que daría tutela judicial a la parte afectada por un hecho imprevisto que agrava su cumplimiento haciéndolo excesivamente oneroso. Facultando así al juez para modificar o alterar un contrato en estas circunstancias, para así restablecer el equilibrio prestacional que le dio origen y que se ve perturbado. (normativa que evidentemente no sería retroactiva). Quizás consagrar de manera general la teoría de la imprevisión en nuestra legislación es una solución, pero no la mejor, ya que iría contra la seguridad jurídica y la certeza que, por naturaleza, nace de un contrato válidamente celebrado. Sumado, además, a que afectaría gravemente al dinamismo económico y comercial que se sustenta efectivamente en la confianza del principio pacta sun servanda, abriéndose una puerta que generaría largos procesos probatorios para justificar y acreditar el agravio y el desequilibrio contractual, dejando a la deriva a acreedores.


Creo que una solución efectiva es que, precisamente las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad y de sus intereses particulares, puedan estipular deliberadamente remedios, en el mismo contrato, que incluyan o excluyan la teoría de la imprevisión. Y que en caso de aceptarla se consagre su dimensión y los efectos que precisamente provocará para ellos un hecho o circunstancia imprevisible. Pudiendo así tener la certeza de cómo se procederá en caso de que se vea afectado el equilibrio prestacional y una parte se vea perjudicada, evitando llevarla a cumplir de manera excesivamente onerosa como consecuencia de hechos ajenos a su voluntad. Remedios contractuales existen muchos y de diversa índole, todo dependerá del tipo de contrato y de las necesidades que las partes observen al caso concreto. Se podrían mencionar como ejemplos:


a) Aplicar cláusulas Hardship. En los contratos comerciales internacionales es de uso común pactar, de manera anticipada y en el mismo contrato, como se va a proceder en caso de presentarse hechos imprevistos. Así, de manera objetiva, en base a una negociación previa, se estipula como se procederá frente a estos hechos o circunstancias que afectan el equilibrio contractual y hacen excesivamente gravoso el cumplimiento para una de las partes. Sometiendo por ejemplo la decisión a un árbitro o un juez (situación muy diferente a la normativa que se quiere crear en Chile, donde se otorgaría unilateralmente facultad al deudor para decidir cuando quiere solicitar tutela judicial para modificar o alterar un contrato bilateral). Este mecanismo es potenciado por los principios UNIDROIT y por la Cámara Internacional de Comercio (recientemente emitió una normativa para actualizar cláusulas Hardship de uso post pandemia);


a) Establecer cláusulas de revisión de precios, cláusulas de revisión de tasas de cambio, o cualquier otra de similar naturaleza, aplicables a situaciones imprevistas que hagan que el cumplimiento de la obligación pactada vea afectada su conmutatividad;


b) Pactar renegociación obligatoria en caso de sobrevenir un hecho que de origen al desequilibrio prestacional. Esto en virtud de que, el contrato, al ser de tracto sucesivo o a plazo, puede presentar la necesidad de una revisión, no siendo así la etapa de negociación exclusiva y excluyente al inicio de la relación contractual. Mejorando así la certeza del vínculo, ya que las partes de común acuerdo se obligan a reestablecer la equivalencia prestacional de buena fe;


c) Elevar a condición resolutoria la excesiva onerosidad de una parte, al observarse a su vez un aprovechamiento de la otra. Lo que evidentemente pondría término a la relación contractual extinguiendo las obligaciones de manera anticipada al producirse el acaso gravoso.


La estipulación expresa de remedios de este tipo, o cualquier otro que sea necesario para las partes y que consagre expresamente la imprevisión y como proceder, apuntan precisamente a hacer converger los argumentos dados por ambas posiciones, y se encuentran en armonía con los principios expuestos y los arts. 1545, 1546 y 1560 de nuestro Código Civil. Conforme a esto, se puede aportar certeza y restar incertidumbre a los contratos, evitando así que un tercero, que desconoce la verdadera intención de los contratantes, tenga la facultad de obligar a las partes a modificar o dejar sin efecto un contrato fundado en la teoría de la Imprevisión.

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