Transformación del núcleo fundamental de la sociedad chilena.

Por: Valentina Salgado Monsalve, Estudiante de Derecho, Universidad Viña del Mar.

Columna de Opinión


La primera familia con dos madres legalmente reconocida, transformación del núcleo fundamental de la sociedad chilena.


A raíz del fallo Attilio del Segundo Juzgado de Familia de Santiago del 8 de Junio del año

2020 se acoge la demanda de reclamación de filiación interpuesta por Emma de Ramón Acevedo en contra de su conviviente civil Gigliola Di Giammarino Ducasse. Se produce un hito histórico en Chile, en que se reconoce legalmente por primera vez una familia con dos madres, este acontecimiento no sólo produce un precedente en nuestra legislación, sino que a la vez, tiene un impacto socio-cultural.


El acuerdo de unión civil fue creado para proteger intereses jurídicos de otros grupos familiares, además del matrimonial; sin embargo, con una falta de normativa vigente que, regule los derechos filiativos de los niños/as nacidos en una familia Homoparental.


Dentro de los principios primordiales del Derecho de Familia se encuentra el principio del interés superior del niño, el que tiene su origen en cuerpos internacionales sobre protección de la infancia, de la adolescencia y de los Derechos Humanos en general, como lo son la Convención sobre derechos del niño, Tratado Internacional ratificado y vigente en nuestro ordenamiento por el Artículo 5 de nuestra Carta Magna. Constituye una regla de carácter interpretativo, de derecho sustantivo y norma de procedimiento, que obliga a los Estados y a todos y todas quienes toman decisiones que involucran o afectan, directa o indirectamente a niños, niñas y adolescentes a motivar, justificar y explicar que sus decisiones han sido adoptadas en virtud de tal interés.


Cuya magnitud se aprecia cuando es aplicado al caso concreto, buscándose a través del mismo el asegurar el ejercicio y protección de los derechos inherentes de los menores y posibilitar la mayor satisfacción de todos los aspectos de su vida orientados al desarrollo de su personalidad.


En el caso presente, se vulnera de manera grave el interés superior de este niño, su derecho a la identidad, sus Derechos Fundamentales a la vida privada, familiar y su igualdad ante la Ley, tanto como niño y como hijo, sobre todo el lazo maternal que tienen ambas con él, el cual a través de testimonios de familiares de las recurrentes, de la perito, del médico tratante, de los docentes del jardín, se está produciendo una alteración a su normal desarrollo como ser humano tanto físico como psíquico.


En la Carta Fundamental se establece en el artículo primero: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe propender a su fortalecimiento”. Sin embargo, no define lo que se debe entender por este concepto, el cual ha ido variando en el tiempo y ya no se relaciona con la familia matrimonial Heterosexual normado y ligado a la procreación.


En la actualidad es posible observar diversos modelos de familia basados en la construcción social situada, respondiendo a una realidad particular vivenciada por cada una de ellas, ante lo que es posible evidenciar una transformación.


Esta pareja de convivientes civiles mujeres, firmaron el AUC en el año 2015 teniendo una relación desde hace 9 años, en donde ambas decidieron formar una familia, no sólo conformada por ellas, sino tener un hijo o una hija, por lo que se sometieron a una técnica de reproducción asistida en donde ocurre la "transferencia" como se denomina al momento de la implantación del blastocito en el útero que lo cobijará con un donante masculino anónimo para siempre desconocido, pudiendo así dar a luz al hijo en común.


Son ellas una familia junto a su hijo? Por supuesto que lo son, responden a lo mínimo en que se origina una familia que son los lazos afectivos entre las personas que a ella pertenecen.

¿El niño es hijo de ambas? Lo es, y aquí se suscita la razón de esta demanda de reclamación de maternidad. En nuestra legislación no se habrían regulado íntegramente las técnicas de reproducción asistida, la única norma que se refiere al respecto es el artículo 182 del Código Civil el que señala: "El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas", lo que claramente habla de una pareja de distinto sexo por lo cual, el menor producto de esta relación no tiene protección oficial, legal por el solo hecho de nacer en una familia lesbo maternal. Es en el vacío legal de esta norma en la que ellas fundamentan su demanda, en que se señala que los padres del niño serán quienes se sometieron a estas técnicas.


La demandante se respaldó haciendo presente que ella y su pareja son quienes se sometieron a la técnica de reproducción humana, teniendo ambas voluntad pro creacional. Este precepto debe ser leído de tal manera que no atente contra el principio de igualdad de los hijos del artículo 33 del Código Civil y relacionarse con el artículo 183 del mismo cuerpo legal, que menciona: “La maternidad queda determinada por el parto y en los demás casos, por el reconocimiento o por sentencia firme en juicio de filiación”. En este caso la maternidad de solo una de las madres ha quedado definida a través del alumbramiento, por lo que el niño figura como hijo de madre soltera siendo que este no es el estado civil de ella.


La no aplicación del artículo 182 del Código Civil a este caso implica un doble atentado a la igualdad ante la ley; priva el reconocimiento de una serie de derechos y beneficios del menor entre los cuales podemos encontrar: ser heredero, ser considerado alimentario en los casos establecidos en la ley n°20.680, a que su madre autorice o no tratamientos médicos, a ser beneficiario en el sistema de salud privada o pública, entre otros casos respecto de la madre no reconocida. Dejándolo en una situación de desventaja frente a otros niños que hubieran nacido en las mismas condiciones, pero cuyos progenitores sean una pareja de distinto sexo, con orientación heterosexual y además viola el derecho a la igualdad ante la ley de la demandada, produciéndose una discriminación en su contra por la orientación sexual de sus progenitoras.


Es necesario contextualizar la sociedad en la que nos relacionamos, caracterizándose por ser tradicionalista, moralista, arraigada a valores impuestos por la Iglesia Católica. No obstante en los años noventa entramos en democracia, a la vez que la OMS eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, tema siempre tabú en las familias chilenas señalando a quien lo sea, marginándolos, tratándolos de “minoría”.


La situación actual es contradictoria estamos en un país donde se dictó una ley que crea el AUC, es decir el Estado reconoce legalmente la unión entre personas del mismo sexo lo natural sería seguir avanzando. Sin embargo encontramos personas en favor del matrimonio y no de la adopción, a raíz de que existen diversos prejuicios absurdos, entre algunos de ellos se piensa que una pareja homosexual va a adoptar un niño para hacerlo homosexual, siendo que ellos provienen de uniones heterosexuales.


Es menester establecer políticas públicas que apunten a la diversidad sexual, nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en deuda con la comunidad LGBTQI + y esta es una realidad, es imprescindible ahondar en el tema dado que mientras esta situación subsista no existirá la igualdad de las personas ante la ley asegurada en nuestra Constitución. Se deben lograr las máximas peticiones que son el matrimonio igualitario, la adopción Homoparental y el fin del sistema binario.


De este modo esta sentencia significa un progreso para aquellas familias que han exigido durante años ser reconocidas como Emma y Gigliola. No son una minoría las familias homoparentales; sino una realidad dentro de nuestra nación como cualquiera otra y por lo tanto son dignos de los mismos derechos y garantías.

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