Voto de personas privadas de libertad, una historia de obstrucción administrativa.

Por: Rodrigo Villegas Herrera. Coordinador Comisión Voto Preso.

Columna de Opinión


Voto de personas privadas de libertad, una historia de obstrucción administrativa.


A 55 días de la realización del Plebiscito Constitucional, en el cual, por primera vez en nuestra historia republicana, podremos expresar si queremos, o no, un Cambio Constitucional, ni el Servicio Electoral, ni Gendarmería de Chile, han dado luces de si en esta ocasión se podrá ejercer el derecho a sufragio por parte de las personas privadas de libertad habilitadas para hacerlo.


Solo para precisar el alcance de esta afirmación, valga recordar que según los Artículos 13, 16 y 17 de la Constitución vigente, podemos caracterizar a la masa votante privada de libertad principalmente como dos grandes grupos: las personas imputadas por delitos que no merezcan pena aflictiva y las personas condenadas por penas inferiores a la pena aflictiva (3 años y un día de presidio). Estos dos grupos tienen, de acuerdo con la Constitución actual, plenos derechos políticos no habiendo sido ni suspendidos de su derecho a sufragio (Art.16 n°2, CPR), ni incurrir en las condiciones que se listan para la pérdida de ciudadanía (Art. 17, N°s 2 y 3, CPR).


Volvamos a las responsabilidades institucionales. Estas responsabilidades constan en Recursos de Protección, los cuales han sido resueltos favorablemente en sede jurisdiccional (Causas Roles N°s 87.743-2016/CS; 87.748-2017/CS y otras). La Corte Suprema ha asentado la jurisprudencia de que el Servicio Electoral estaría plenamente facultado para establecer que los recintos penitenciarios puedan fungir como locales electorales, obligando a Gendarmería a velar por la realización de los actos electorales en que deban participar las personas bajo su custodia.


Siendo ambos órganos de la Administración, les asiste plenamente el principio de coordinación consagrado en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, pero pese a esta obligación legal de coordinarse para garantizar derechos fundamentales a la población privada de libertad, ambos órganos a la fecha no han presentado voluntad para que este tema sea resuelto por la vía administrativa.


Como Proyecto Reinserción, nos asiste la clara convicción de que esta privación del derecho a sufragio nada tiene que ver con el cumplimiento efectivo de la reclusión, en el caso de las penas inferiores a la pena aflictiva, y más aún en los casos en que no consta una sentencia firme, privando de facto a la población imputada.


Finalmente cabe recalcar que en el Congreso Nacional hoy se estarían discutiendo diversos proyectos de ley para reforzar el deber que, sin ellos aprobados, le corresponde tanto al Servicio Electoral y a Gendarmería de Chile. Ambos órganos de la administración, mediante una omisión flagrante han estado privando de hecho del derecho a sufragio a la población privada de libertad. Creemos que ha llegado la hora de poner fin a esta violación de Derechos Humanos y reintegrar, como corresponde, a la comunidad política a esta población, así como a todas aquellas que deban ser parte de las definiciones políticas colectivas.



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